Principio de plena competencia: la regla que gobierna todo

Todo el universo de precios de transferencia se reduce a una sola regla: el principio de plena competencia o arm’s length. Si entiendes esta idea, entiendes para qué existe tu estudio, tus declaraciones informativas y cada requerimiento del SAT en la materia.

La idea en una frase

Las operaciones entre empresas del mismo grupo deben pactarse como si fueran entre independientes: al precio, margen o tasa que dos terceros sin relación habrían acordado en circunstancias comparables.

El nombre viene de la expresión inglesa at arm’s length — “a un brazo de distancia”. Negociar con la distancia que impone no tener intereses comunes.

Por qué existe esta regla

Cuando dos empresas independientes negocian, cada una defiende su utilidad: el precio resultante refleja el mercado. Cuando negocian dos empresas del mismo grupo, esa tensión desaparece — el dueño es el mismo y la utilidad consolidada no cambia sin importar el precio interno.

Lo que sí cambia es dónde queda la utilidad. Un precio intercompañía alto mueve utilidad hacia el vendedor; uno bajo, hacia el comprador. Si el vendedor está en una jurisdicción de baja imposición, el grupo paga menos impuestos en total — y el fisco del otro país recauda menos. El principio de plena competencia neutraliza ese incentivo: obliga a que el precio interno sea el que el mercado habría producido.

Desde la reforma de 2022 quedó explícito que la regla también se documenta en operaciones con partes relacionadas nacionales, donde el efecto no es entre países sino entre empresas con distintas tasas efectivas, pérdidas fiscales o regímenes.

Dónde está en la ley mexicana

El principio vive en el artículo 179 de la LISR: quienes celebren operaciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas considerando los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables.

Tres consecuencias prácticas:

1. No es opcional ni depende del tamaño. La obligación de pactar a valor de mercado aplica a cualquier contribuyente con operaciones entre relacionadas; lo que varía según ingresos es la carga documental.
2. Si no cumples, el SAT puede determinar por ti. La autoridad está facultada para ajustar ingresos y deducciones a los valores que habrían usado independientes, con actualización, recargos y multas.
3. El estándar es internacional. El mismo principio está en el artículo 9 de los tratados fiscales que México ha firmado y en las Guías de la OCDE, que la propia LISR reconoce como referencia de interpretación.

Cómo se aplica en la práctica

El principio se materializa en un análisis de comparabilidad: se estudia la operación (funciones, activos y riesgos de cada parte), se elige el método más apropiado de los que lista el artículo 180 de la LISR y se contrasta el resultado contra operaciones o empresas comparables.

Como rara vez existe “el” precio exacto de mercado, el resultado se evalúa contra un rango intercuartílico: si tu precio o margen cae dentro del rango de los comparables, se considera de mercado; si cae fuera, la referencia del ajuste es la mediana.

Lo que el principio no es

• No es un impuesto adicional: es una regla de valuación de las operaciones que ya tienes.
• No prohíbe operar con tu grupo: prohíbe hacerlo a precios que un independiente no habría aceptado.
• No exige adivinar el futuro: exige documentar que, con la información disponible al pactar, el precio era razonable de mercado.

¿Tus operaciones intercompañía pasarían hoy la prueba de plena competencia? Platiquemos: un diagnóstico temprano cuesta mucho menos que un ajuste del SAT a la mediana.